La Contraloría General de la República evidenció un elevado volumen de contratación pública durante el mes de enero de 2026, previo a la entrada en vigencia de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías, con un valor total que ascendió a $32,88 billones bajo la modalidad de contratación directa.
De acuerdo con el informe del ente de control, en enero se suscribieron 521.269 contratos de contratación directa, concentrándose el mayor monto de recursos en la última semana del mes.
Concentración del gasto en la última semana
El análisis revela que $14,8 billones —equivalentes al 45% del total contratado— fueron adjudicados en la última semana de enero, siendo el 30 de enero el día con el mayor pico de contratación, alcanzando $5,7 billones en compromisos.
Para la Contraloría, esta concentración temporal de recursos merece especial seguimiento, dado que se produjo justo antes de que comenzaran las limitaciones establecidas por la Ley de Garantías, norma que busca evitar el uso indebido de la contratación pública en periodos preelectorales.
Distribución por niveles de gobierno
El informe detalla que el orden territorial concentró la mayor cantidad de contratos, con 348.495 procesos por $17,7 billones.
Por su parte, el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, mientras que las corporaciones autónomas regionales suscribieron 7.961 contratos por $0,3 billones.
Aumento en Órdenes de Prestación de Servicios
Uno de los puntos destacados por el ente de control es el aumento en la contratación directa mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en el orden nacional.
En comparación con enero de 2022, se registró un incremento de 56.842 contratos adicionales y un aumento de $6,03 billones en valor contratado.
En cifras, mientras en enero de 2022 se firmaron 107.971 contratos por $8,84 billones, en enero de 2026 la cifra ascendió a 164.813 contratos por $14,87 billones.
Seguimiento y control
La Contraloría indicó que continuará realizando seguimiento preventivo y fiscal a estos procesos contractuales, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El informe se conoce en un contexto preelectoral, en el que la Ley de Garantías establece restricciones específicas a la contratación estatal para evitar eventuales usos políticos de los recursos oficiales.
