La Unidad para las Víctimas volvió a estar en el centro de la polémica tras entregar un contrato por $71.000 millones a la empresa ALDESARROLLO, cuyos directivos ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación por presunta corrupción en contratos públicos.
Según la Unidad Investigativa, la adjudicación del millonario contrato se habría realizado sin licitación pública, en lo que expertos califican como una práctica de “contratación directa” o adjudicación a dedo.
ALDESARROLLO, empresa señalada anteriormente por irregularidades en la ejecución de proyectos financiados con recursos estatales, ahora recibe un contrato clave que implica la gestión de recursos destinados a atención y reparación de víctimas del conflicto armado.
La situación ha generado cuestionamientos sobre los controles internos de la Unidad para las Víctimas y sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos, especialmente en un sector tan sensible como la reparación a víctimas.
Organismos de control y ciudadanía exigen claridad sobre el proceso de adjudicación y solicitan que se esclarezca cómo se otorgó un contrato de tal magnitud a una empresa con investigaciones abiertas por corrupción.
