La brutal decapitación de un joven de 14 años en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla (La Guajira), habría sido ordenada por alias ‘Naín’, uno de los negociadores de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los procesos de paz. Así lo denunció la investigadora del Magdalena, Norma Vera, en entrevista con Atlántico en Noticias.
Según su relato, el adolescente —de nacionalidad venezolana y recién llegado a la zona— fue acusado de causar la muerte de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de 3 años. Sin embargo, la investigadora recalcó que se trataba de un señalamiento sin investigación previa. El joven habría sido sometido a torturas antes de ser asesinado.
“El joven dio una declaración en medio de la tortura. Lo mutilaron, le cortaron el pene, una oreja, luego lo decapitaron y colgaron su cabeza en un árbol. Posteriormente, alias ‘Naín’ publicó esto en sus redes sociales agradeciendo al grupo armado por cumplir sus órdenes”, afirmó Vera.
La investigadora advirtió que las ACSN ejercen gobernanza armada en importantes zonas del Magdalena, Cesar, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. Aseguró que en territorios como Mingueo “regulan la vida cotidiana, imponen normas sociales e imparten justicia por mano propia”.
Vera señaló que el caso refleja una situación de ausencia de autoridad estatal, sumada a la expulsión reciente de una comisión de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido un escenario de riesgo extremo para la población civil.
Sobre el adolescente asesinado, insistió en que su responsabilidad en la muerte de la niña no está demostrada y que es indispensable rechazar cualquier forma de “limpieza social” ejercida por grupos armados ilegales.
“Lo complejo es que no se sabe si este joven realmente fue el asesino. Este caso va camino a la impunidad: tanto el homicidio de la menor, cuya muerte aún no se esclarece ni se descarta violencia sexual, como el asesinato del adolescente”, concluyó la investigadora.
El hecho ha generado profunda conmoción y reaviva las alertas sobre el control territorial y las prácticas de justicia criminal que imponen las ACSN.
