En medio del escándalo que lo vincula con presuntas filtraciones a la disidencia de alias Calarcá, el general Juan Miguel Huertas volvió a quedar bajo el escrutinio público tras revelarse que exmilitares lo señalaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta participación en casos de falsos positivos ocurridos en Antioquia.
Los señalamientos surgieron durante la audiencia de reconocimiento del Macrocaso 03, realizada en Granada, Antioquia, donde antiguos integrantes de la IV Brigada aceptaron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2003. En sus declaraciones, varios comparecientes mencionaron directamente al entonces capitán Juan Miguel Huertas, quien se desempeñaba como oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 4.
Según sus testimonios, Huertas habría presionado a subalternos para aumentar las bajas en combate, insinuando incluso la necesidad de asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en enfrentamientos. El teniente retirado Edwin Toro aseguró que rechazó la orden directa de “matar a alguien” para cumplir con resultados operacionales.
Otro exmilitar, Emerson Castañeda, señaló que Huertas entregaba armas para “legalizar” supuestos combates cuando las víctimas no tenían armamento. Estos relatos fueron expuestos inicialmente en declaraciones voluntarias y más tarde confirmados ante magistrados y víctimas de la JEP.
Paralelamente, información extraída del computador incautado a la disidencia de Calarcá Córdoba menciona al general Huertas en conversaciones entre jefes del grupo, donde se habla de vínculos con altos mandos para la eventual creación de una empresa fachada de seguridad y posibles apoyos logísticos.
Aunque un expediente de 2023 relacionó a Huertas con un falso positivo, la JEP concluyó en ese momento que no existían elementos suficientes para ubicarlo como máximo responsable, por lo que su caso no avanzó a un análisis detallado. Sin embargo, los nuevos testimonios vuelven a situarlo en el centro del debate público.
El general Huertas permanece suspendido por decisión de la Procuraduría, mientras avanzan las investigaciones por sus presuntos vínculos con estructuras criminales.
