Una audiencia reservada de la Fiscalía expuso el alcance territorial y social del Frente Joaquín González, una estructura disidente subordinada a alias Calarcá y vinculada a amenazas recientes contra autoridades regionales. Según el material presentado, el grupo ha instalado un sistema de control que compromete a comunidades rurales, instituciones educativas y predios agrícolas en Tolima, Huila y Meta.
La fiscal Gloria Isabel Lastra, delegada contra organizaciones criminales, explicó que los hombres de alias Marcos —señalado de liderar operaciones locales— intimidan a campesinos, reclutan jóvenes para vigilar caminos y se infiltran en fincas haciéndose pasar por jornaleros para recopilar información y almacenar explosivos sin generar sospechas.
Uno de los puntos más críticos revelados en la diligencia es el uso de escuelas rurales para convocar reuniones donde se imponen cuotas económicas a los habitantes. En presencia de menores, los cabecillas fijan montos de extorsión y advierten sobre las consecuencias para quienes se nieguen a pagar.
La Fiscalía también señaló que esta estructura controla pasos rurales, define horarios de tránsito y mantiene puntos de observación armados, lo que les permite planear atentados y ejecutar acciones violentas con amplio dominio del territorio.
Las investigaciones continúan para ubicar a alias Marcos, quien ha logrado evadir varios operativos de captura en los últimos meses.
