Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República reveló que el sistema pensional de la Fuerza Pública representa un riesgo fiscal de más de $140 billones en pasivos futuros, debido al crecimiento sostenido del gasto y a fallas estructurales en la información.
El informe, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales para Defensa y Seguridad, analizó más de 200 millones de registros entre 2008 y 2023 y concluyó que el gasto en pensiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional superó los $11,68 billones en 2023, equivalente al 0,71 % del PIB.
Según el estudio, las proyecciones actuariales estiman un pasivo entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía, lo que genera una “alta vulnerabilidad fiscal” ante variaciones económicas como la inflación o las tasas de descuento.
La Contraloría advirtió, además, sobre inconsistencias históricas en los registros de información, especialmente entre 2008 y 2013, con datos duplicados, errores de fechas y fallas de homologación, lo que dificulta la trazabilidad del sistema. Por ello, recomendó modernizar los sistemas de información y fortalecer la gestión actuarial.
El estudio también muestra que el personal activo en las Fuerzas Militares disminuyó de 173.900 a 158.400 efectivos en los últimos 15 años, mientras los retirados aumentaron un 12,8 % del total. El número de beneficiarios pasó de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado por el incremento en las asignaciones de retiro.
Ante este panorama, la Contraloría propuso revisar los requisitos de retiro para soldados y policías de menor rango, crear reservas actuariales, diversificar fuentes de financiación —como mayores aportes y recursos de bienes incautados— y aplicar reformas graduales que garanticen la sostenibilidad fiscal sin afectar los derechos adquiridos.
