Durante la audiencia de imputación de cargos celebrada este miércoles 12 de noviembre, la fiscal Lucy Laborde afirmó que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, habría mentido en su hoja de vida presentada ante el Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep) y alterado cifras en su declaración de renta entre los años 2020 y 2022.
Según la Fiscalía, el exdiputado del Atlántico registró una experiencia laboral inexistente en la empresa Energía Delta Limitada, la cual desmintió haber tenido vínculos con él. Este hecho sustenta la imputación por falsedad en documento público.
Además, el ente investigador señaló que Petro modificó valores en su declaración de renta, reportando abonos a un proyecto de vivienda por $49,3 millones y $100 millones, cuando en realidad los desembolsos habrían sido de $19,3 millones y $50 millones, respectivamente.
Estos hechos respaldan la imputación por falsedad en registros presentados, y se suman a otros cargos formulados por la Fiscalía, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.
Durante la diligencia, la fiscal Laborde también expuso presuntas irregularidades en la contratación de la Fundación Conciencia Social, vinculada a la Gobernación del Atlántico, caso que la Fiscalía denominó “Fucoso”. Según el ente acusador, Nicolás Petro habría intervenido para favorecer a la fundación con contratos de manera directa.
El juez del caso pidió a la fiscal precisar de qué manera el procesado habría influido en la entonces gobernadora Elsa Noguera, y advirtió sobre la posibilidad de una doble judicialización, ya que algunos de los hechos investigados podrían coincidir con los del proceso que Nicolás Petro enfrenta desde 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La fiscal Laborde respondió que los nuevos cargos hacen parte de una “cadena de delitos” derivados de los mismos hechos, razón por la cual también se imputó el delito de peculado por apropiación.
