El presidente Gustavo Petro reveló recientemente que está “separado físicamente” de su esposa, Verónica Alcocer, lo que ha abierto un debate público sobre la naturaleza de su relación y las funciones que ella ha seguido ejerciendo como primera dama de la Nación.
Pese a la declaración del mandatario, Alcocer ha continuado participando en actos oficiales, representando al país en el exterior y contando con un equipo de asesores y personal de apoyo financiado con recursos públicos. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los límites legales y éticos del cargo, que no está regulado formalmente en la estructura del Estado.
En documentos oficiales, como la declaración de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024, el propio presidente aún reportaba a Alcocer como su cónyuge, lo que ha alimentado dudas sobre la coherencia de sus declaraciones y el alcance administrativo de la figura de primera dama.
Sectores políticos y de control han pedido claridad sobre los gastos asociados a la oficina de la primera dama y la pertinencia de su continuidad en medio de la separación. Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado oficialmente sobre si habrá cambios en las funciones o en el presupuesto destinado a dicha dependencia.
El debate trasciende lo personal: plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y los criterios para la representación oficial en el Gobierno Nacional.
