Los rumores de pasillo se confirmaron: Bernardo Camacho asumió como nuevo superintendente de Salud, un cargo clave para la inspección, vigilancia y control del sistema. Pero su nombramiento ya desató polémica por un presunto conflicto de intereses con la Nueva EPS, entidad que él mismo intervino durante los últimos meses.
Camacho fue agente interventor de la EPS más grande del país entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, periodo que coincide con la auditoría de la Contraloría General sobre la crítica situación financiera de la entidad.
El organismo de control detectó presuntas irregularidades como el incremento de anticipos, facturas sin auditar, aumento de cuentas por pagar y fallas en la contratación de prestadores, además de deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
Aunque Camacho asegura que lideró procesos de saneamiento médico y financiero, la realidad actual de la Nueva EPS sigue siendo incierta.
Desde la oposición, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) fue uno de los primeros en cuestionar su llegada al cargo:
“No se entiende cómo un pésimo interventor podría ser buen Superintendente. Pediré a la Procuraduría investigar esta sinvergüencería”, advirtió el congresista, quien además criticó que Camacho no haya declarado sus posibles intereses en la entidad intervenida.
El movimiento Pacientes Colombia también reaccionó con dureza:
“Destruyó la Nueva EPS, dejó de atender cientos de miles de pacientes, está impedido para vigilar EPS intervenidas, y el ministro Jaramillo lo premia”.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió el nombramiento señalando que fue una decisión directa del presidente Gustavo Petro:
“El que manda, manda”, dijo el funcionario.
Camacho se convierte así en el cuarto Supersalud en el actual gobierno, tras Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal y Giovanny Rubiano García, y enfrenta su gestión con el reto de despejar dudas sobre su independencia y transparencia.
