El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, presentó este viernes una renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro, según una carta divulgada en la que expone las razones de su dimisión y formula duras acusaciones contra el sistema judicial y la clase política del país.
En la misiva, fechada en París, Montealegre afirma que su decisión obedece a la “profunda indignación” por lo que califica como un supuesto prevaricato del Tribunal de Bogotá al absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ministro sostiene que la decisión judicial —que describe como avalada por “el establecimiento de Colombia”— le impedía seguir ejerciendo con coherencia su cargo y le obliga a buscar vías internacionales para denunciar lo que denomina violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Montealegre advierte en la carta que no confía en instancias internas: señala a la Corte Suprema y a la Fiscalía General como cuerpos “cooptados” o inactivos frente a los hechos que denuncia, y acusa también al Procurador General de estar alineado con intereses oscuros que protegen a poderosos. Asegura, además, que acudirá a tribunales internacionales para evitar la impunidad de los crímenes que atribuye a Uribe y su entorno.
Entre los puntos que reclama en la carta, el ahora exministro pide tiempo y libertad para “usar el poder de los argumentos” y la “autoridad ética” que, según él, le asiste para llevar las denuncias ante la justicia universal. Montealegre agradece al presidente Petro la confianza depositada en su designación y ofrece su “modesta colaboración” para continuar las transformaciones que impulsa el Gobierno, aunque advierte sobre la existencia de “traidores” dentro del Palacio que, afirma, acechan con “dagas peligrosas”.
La renuncia, con tono vehemente y político, añade además una defensa de la constituyente de iniciativa popular como vía para, a su juicio, derrotar al “establecimiento” y a una supuesta “gobernanza paramilitar” vinculada a sectores que respaldan al expresidente.
Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la Presidencia sobre la aceptación o no de la renuncia, ni declaraciones de las autoridades judiciales mencionadas. La carta promete abrir un nuevo capítulo de alta tensión política y judicial en el país, y plantea preguntas inmediatas sobre la continuidad en la cartera de Justicia y las acciones legales internacionales que Montealegre anuncia emprender.
