El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó de apenas justo el criterio establecido en las discusiones para que la Ley de Competencias y el Sistema General de Participaciones (SGP) permitan a las regiones acceder a una mayor asignación de recursos para solucionar los problemas que afectan a las comunidades alejadas del centro del país.
Durante la Jornada de Socialización de la Ley de Competencias y Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que se desarrolló en la Galería de la Plaza de la Paz, dijo que, después de 33 años de espera, Colombia por fin comienza a cumplir el mandato de la Constitución de 1991 en materia de descentralización fiscal.
La reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) establece que el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación deben ser transferidos a las entidades territoriales, lo que, en concepto del gobernador Verano, es un acto de justicia histórica con las regiones, con los municipios, con los departamentos y con la gente.
“El centralismo excesivo, que durante décadas concentró los recursos en el Gobierno nacional, nos arrebató oportunidades y profundizó desigualdades. Basta recordar que reformas como las de 2001 y 2007 desviaron recursos que habrían significado cerca de 390 billones de pesos para las regiones. Con esa cifra, otra sería la historia de nuestro país”, enfatizó.
Como constituyente en 1991, Verano recordó que la Carta Magna ordenó que los recursos llegaran directamente a los territorios para financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico; sin embargo, la realidad es que durante más de tres décadas ese mandato fue dilatado, incumplido y aplazado.
“Hoy, gracias a la voluntad del Congreso de la República y del Gobierno nacional, se empieza a saldar esa deuda. No llegamos al 46 % que establecía la Carta, pero el 39,5 % representa un gran avance”, explicó.
El gobernador resaltó que esto no va a quebrar a Colombia, como algunos lo han querido presentar. Al contrario, fortalece la democracia, acerca el Estado a la ciudadanía y crea mejores condiciones para que cada territorio construya su propio futuro.
Según el gobernador Eduardo Verano, lo que viene ahora es un reto importante en el marco de la socialización de la nueva Ley de Competencias, que definirá con precisión qué responsabilidades corresponden al nivel central y cuáles a las entidades territoriales: departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas.
Explicó que, por ejemplo, en el Atlántico los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) son el corazón de la inversión en educación, salud, agua potable, cultura y recreación, porque constituyen el motor para disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente.
“La pobreza no se supera redistribuyendo lo poco que tenemos hoy. La pobreza se combate creando más riqueza y distribuyéndola de manera equitativa”, concluyó.
SOCIALIZACIÓN DE LA LEY
La directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán, destacó los aportes que desde las regiones se vienen haciendo en materia de análisis de los alcances de la Ley de Competencias, para lograr que sea una norma justa y equitativa con las regiones.
Dijo que la participación activa de los distintos estamentos es fundamental y que el éxito de la norma dependerá de que los administradores asuman la tarea con responsabilidad.
El director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jorge Iván Bula Escobar, expresó la disposición de la entidad a su cargo para facilitar los espacios de discusión académica en todos los niveles, con el propósito de llegar a la gente en los territorios.
Según sus palabras, es prematuro determinar los alcances que tendrá, en cuanto al tamaño del Estado central, la aplicación de las nuevas competencias; sin embargo, está abierta la discusión para avanzar en los estudios sobre cada particularidad.
Durante el evento, el gobernador y los asistentes recordaron que este viernes 10 de octubre es el Día de la Región Caribe, y que estamos en la recta final del proceso de autonomía regional, ya que está en trámite en el Congreso de la República la ley que permitirá convocar el referendo el próximo 8 de marzo, fecha en la que el Caribe decidirá convertirse en la primera Región Autónoma de Colombia.
