La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e, integrada por gremios y cámaras de comercio de Atlántico, Magdalena y La Guajira, presentó una acción de cumplimiento para exigir al Gobierno nacional inyectar recursos urgentes a la empresa y garantizar la prestación del servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios.
La medida, radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, está dirigida contra la Superintendencia de Servicios Públicos y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía. Según la demanda, los recursos podrían obtenerse mediante garantías y créditos de la Nación, instrumentos que no implican un gasto presupuestal no previsto.
Un año de intervención con resultados críticos
La Veeduría sostiene que, a un año de la toma de posesión de la compañía, la deuda de Air-e se triplicó y asciende a $3,6 billones. También cuestiona la ausencia de un plan de intervención, la parálisis en las inversiones y la inestabilidad en la dirección, con cuatro agentes interventores en 12 meses.
Estos factores, advierte, comprometen la calidad del servicio y elevan el riesgo de un apagón regional.
Impacto en tarifas
El grupo alertó que la falta de contratos de energía a largo plazo obligaría a Air-e a comprar hasta el 70% de la energía en la bolsa, lo que encarecería las tarifas para los usuarios.
Acciones adicionales
Además de la acción de cumplimiento, la Veeduría presentó una tutela ante el Consejo de Estado para acceder a información que, asegura, les ha sido negada por las autoridades nacionales.
