Con pancartas, gritos de exigencia y dolor acumulado, organizaciones de víctimas del conflicto armado realizaron un plantón frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, denunciando la falta de resultados concretos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el departamento del Atlántico.
A la protesta se unieron miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – Capítulo Atlántico, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) – Nodo Caribe, y colectivos de mujeres buscadoras y defensores de derechos humanos. En un comunicado conjunto, calificaron de “inaceptable” la lentitud con la que se ha desarrollado la búsqueda de más de 960 personas desaparecidas en el departamento.
“La UBPD ha funcionado en Barranquilla desde hace siete años, pero los resultados son mínimos. Solo se han recuperado 3 cuerpos, realizado 3 entregas dignas y hallado con vida a 3 personas. Más de 300 familias siguen sin respuesta”, reclamaron.
Las cifras contrastan con los avances a nivel nacional, donde solo en 2024 se reportan 941 cuerpos recuperados y 131 entregas dignas. La diferencia evidencia, según las organizaciones, una “grave negligencia” hacia el Caribe colombiano.
El caso emblemático de la familia Santana Páez, cuyos tres hermanos desaparecieron en 2001 en la vía Palmor–Tasajera (Magdalena–Atlántico), fue recordado como muestra de la impunidad que aún persiste. Aunque uno de los cuerpos fue encontrado en 2002, los otros siguen desaparecidos, y los testimonios de exparamilitares sobre su paradero han sido ignorados, según denunciaron.
Exigencias concretas
Las víctimas exigen:
Priorizar al Atlántico y la región Caribe en los planes nacionales de búsqueda.
Fortalecer la articulación interinstitucional entre la UBPD, Fiscalía, Medicina Legal, Policía y autoridades locales.
Contar con acompañamiento internacional, especialmente de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Mapeo urgente de zonas críticas como los municipios ribereños al Canal del Dique, el área metropolitana de Barranquilla y la zona centro-sur del departamento.
Mejoras en capacidades forenses y logísticas, incluyendo equipos de búsqueda acuática.
Atención psicosocial integral para las familias afectadas.
Las organizaciones concluyeron que sin verdad ni resultados, la desaparición forzada seguirá siendo “una herida abierta” en el Atlántico, donde el silencio oficial y la indiferencia institucional perpetúan la impunidad.
