Colombia volvió a despertar entre humo, fuego cruzado y contradicciones oficiales. Este jueves, el país fue golpeado casi al mismo tiempo por dos hechos violentos: el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, y una explosión cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali.
En Antioquia, la aeronave cumplía una misión de erradicación de cultivos ilícitos cuando fue blanco de fuego. El saldo: ocho policías muertos y ocho heridos. La tragedia llevó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse de inmediato en redes sociales. Al principio, apuntó al Clan del Golfo como presunto autor, relacionando el ataque con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá. Pero horas después, tanto el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, como el propio mandatario, confirmaron que la autoría correspondería al Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá.
“Información reciente confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales (…) por ahora se descarta al Clan del Golfo”, aseguró Sánchez.
La incertidumbre sobre los responsables también generó roces políticos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la “falta de coordinación” del Gobierno y aseguró que desde un principio se sabía que eran disidencias de las FARC. Incluso, afirmó que se habría usado un dron en la operación.
Mientras tanto, en Cali, otro golpe estremeció a la Fuerza Pública. Una explosión en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez dejó al menos cinco muertos y 36 heridos. La detonación ocurrió en plena carrera 8, en una zona densamente habitada, generando pánico en la capital del Valle del Cauca.
El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, calificó los hechos como “acciones terroristas” y anunció el despliegue de operaciones en ambos puntos críticos del país.
Colombia, una vez más, queda atrapada entre la violencia de las disidencias, la sombra de las mafias del narcotráfico y los reclamos de coordinación política. Mientras los habitantes de Amalfi y Cali lloran a sus muertos, el Gobierno promete “determinación y contundencia” en la respuesta.
