Barranquilla figura entre las tres ciudades del país con mayores niveles de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), según un reciente informe de la Contraloría General de la República. La situación fue calificada como una “violación estructural y continua” a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
El organismo de control reveló que Barranquilla, junto con Quibdó y Bucaramanga, presenta una sobrepoblación promedio del 500 % en estas unidades transitorias, que originalmente fueron creadas para detenciones cortas y no para reclusión prolongada. Sin embargo, en muchos casos, los internos permanecen allí durante meses, incluso tras recibir sentencia judicial.
Falencias estructurales y abandono institucional
La Contraloría advirtió que en los CDT visitados en todo el país, incluido el Atlántico, se detectaron condiciones precarias: brotes de enfermedades sin atención adecuada, ausencia de programas de resocialización, fallas sanitarias graves, escasez de personal y falta de acceso efectivo a la justicia.
“Se han improvisado espacios de reclusión en estaciones de Policía, sin cumplir con los estándares mínimos de dignidad humana”, señaló el informe.
Hallazgos fiscales por más de $78 mil millones
El informe se produjo tras una auditoría a la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia, que arrojó 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen responsabilidad fiscal, con un valor estimado de $78.400 millones. Estos corresponden, entre otros, al abandono de obras carcelarias en varias regiones y fallas en la prestación de servicios de alimentación y salud en las cárceles del país.
En cuanto a infraestructura, la Contraloría denunció que proyectos ordenados por la Corte Constitucional, como nuevos cupos penitenciarios en Buga, Ipiales o Pereira, no se han terminado ni entregado, lo que agrava la crisis de sobrepoblación carcelaria.
Barranquilla, con CDT colapsados
En el caso de Barranquilla, el problema se concentra en las estaciones de Policía, que albergan a cientos de personas en espacios diseñados para un tercio de esa cantidad. Según reportes anteriores, la ciudad ya había registrado más de 244 % de sobreocupación en estos espacios, sin que se vean soluciones estructurales a la vista.
Llamado urgente
El ente de control instó al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para resolver la crisis, dar cumplimiento a las órdenes judiciales y garantizar condiciones mínimas para los privados de libertad. Además, pidió un plan nacional para descongestionar los CDT y asegurar el traslado oportuno a centros penitenciarios formales.
