Se investigan presuntas irregularidades en la ejecución del contrato SCJ-1904-2023 por más de $14 mil millones, suscrito por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo objeto es la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR, por un valor cercano a $14.339 millones.A la fecha, se reporta un avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto.Entre los aspectos que motivan la actuación disciplinaria se encuentran:
- Planeación deficiente y fallas técnicas no previstas.
- Tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal.
- Controversias contractuales por más de $2.000 millones.
- Sustitución de la interventoría, por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.La Procuraduría General, reitera su compromiso con el control preventivo y disciplinario, en la transparencia de la ejecución de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.
