La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el preocupante deterioro financiero y operativo de las EPS intervenidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que la situación pone en riesgo la atención de más de 30 millones de colombianos afiliados al sistema de salud.
Según el informe, actualmente son 12 las EPS bajo intervención, entre ellas Nueva EPS, Sanitas y Famisanar, que concentran el 59,2 % de los afiliados en Colombia, es decir, cerca de 29,5 millones de usuarios.
Uno de los casos más críticos es el de Nueva EPS, que con casi 12 millones de afiliados no cuenta con estados financieros certificados y presenta patrimonio negativo, lo que, según la Contraloría, representa “un riesgo elevado de insolvencia” que amenaza la atención en todo el país.
El informe también revela que Coosalud, intervenida desde noviembre de 2024, reporta ingresos por $5,3 billones, pero enfrenta costos en salud superiores a $6,1 billones. Situación similar ocurre con Famisanar y Sanitas, esta última con ingresos cercanos a $9,9 billones frente a costos en salud que ascienden a $10,9 billones.
La Contraloría advirtió que, a pesar de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no cumplen con indicadores de condiciones financieras y de solvencia, además de registrar un aumento de quejas y tutelas por parte de los usuarios, evidencia de un deterioro en la calidad del servicio.
El informe también señala que el traslado masivo de usuarios desde EPS liquidadas ha generado una carga económica adicional sobre las entidades receptoras, afectando su estabilidad financiera y operativa, lo que se traduce en demoras en tratamientos, barreras de acceso y caída en la calidad del servicio.
“La situación de las EPS intervenidas genera un crecimiento sostenido de la deuda vencida con las IPS y los proveedores de tecnologías en salud, afectando la atención de los usuarios y generando riesgos fiscales para el sistema de salud”, concluyó la Contraloría.
