Más de dos décadas después del asesinato del arquitecto Fernando César Cepeda Vargas, la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Gette Ponce, enfrentó este martes una nueva jornada en el juicio que la señala como presunta autora intelectual del crimen. Esta vez, lo hizo con una afirmación que marcó el tono de su defensa: “No accedí a las extorsiones de los paramilitares, y por eso me culparon”.
La audiencia, celebrada en el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Barranquilla, giró en torno a las declaraciones de Gette, acusada por la Fiscalía General de la Nación de haber pagado 150 millones de pesos al frente José Pablo Díaz de las AUC para ordenar el asesinato de Cepeda, quien fuera yerno de Mario Ceballos Araújo, fundador de la universidad y esposo de Gette en ese momento.
Una acusación con nombre y precio
Los señalamientos contra Gette no son nuevos. En 2011, los exjefes paramilitares Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, y Jhonny Acosta, alias ‘28’, la vincularon al homicidio durante declaraciones ante la jurisdicción de Justicia y Paz. Fue entonces cuando se reactivó un caso que, hasta entonces, no había apuntado hacia la dirección de la exrectora.
Sin embargo, en su declaración de este martes, Gette desmintió las versiones y aseguró que su nombre fue puesto sobre la mesa solo después de negarse a entregar dinero a miembros de las AUC. “Querían robarme y sacarme de la Universidad. Me llamaron y dijeron: ‘Usted mandó a matar a Cepeda y pagó 150 millones, entonces nos tiene que ayudar con más dinero o la nombramos en Justicia y Paz’. Yo no accedí, y por eso me señalaron”, relató.
¿Crimen por herencia o estrategia de poder?
Uno de los ejes de la acusación ha girado en torno a una supuesta disputa por la herencia de Mario Ceballos. La defensa de Gette, encabezada por la abogada Bianith Bohórquez, lo desmintió con datos cronológicos: “Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y Ceballos murió dos meses después. No había herencia ni sucesión de rectoría en juego”, afirmó.
Bohórquez también cuestionó el vínculo que la Fiscalía pretende establecer entre Cepeda y la Universidad Autónoma. Según ella, más allá de haber sido egresado, Cepeda no tenía un cargo dentro de la institución que justificara un móvil académico o administrativo para su muerte. “Este proceso no busca justicia, busca destruir a Silvia Gette moral, física y económicamente”, enfatizó la jurista.
“A mí y a la Universidad nos destruyeron”
Gette, quien mantuvo un tono sereno pero firme durante su intervención, también cargó contra quienes, según ella, se beneficiaron de su salida de la universidad. “Mientras Mario Ceballos y yo estuvimos al frente, la Autónoma era una de las mejores del país. Hoy está destruida, como intentaron destruirme a mí”, dijo.
La audiencia fue suspendida por decisión del juez, luego de que el fiscal del caso, Pablo Andrés Porras, no presentara las pruebas documentales que debían ser practicadas durante la jornada. La diligencia se reanudará el próximo 17 de julio a las 10:00 a. m.
Un juicio que no cierra
Aunque ha sido protagonista de múltiples controversias judiciales, este proceso representa para Silvia Gette uno de los más graves y simbólicos. Se trata, no solo de una acusación de homicidio con presunto vínculo paramilitar, sino también del eco de una época oscura donde los hilos del poder, el crimen y la educación superior se entrelazaron en la Costa Caribe colombiana.
El caso avanza, pero el país sigue esperando respuestas a una pregunta esencial: ¿quién mató realmente a Fernando Cepeda y por qué?
