Por: Ulahy Beltrán López
Lo que la mayoría del país estaba esperando que ocurriera finalmente ocurrió y de manera especial, lo que los actores intervinientes del sector salud estaban pidiendo que pasara finalmente pasó: el hundimiento del polémico y rechazado proyecto de ley 010 de 2020 de iniciativa del partido Cambio Radical, que además contaba con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional y que supuestamente reformaba de manera estructural el sistema de salud colombiano, desarrollaba la Ley Estatutaria de Salud y le daba sostenibilidad financiera al citado sistema.
De manera contundente el miércoles de esta semana en la Comisión VII del Senado de la República se decidió el hundimiento de dicho proyecto de ley en una votación de 11 votos a favor y solo 2 para mantenerlo vivo, y en la Comisión VII de la Cámara de Representantes la derrota para los promotores de dicha iniciativa fue aún más apabullante, pues los números de la votación mostraron 16 votos a favor de hundir dicho proyecto de ley con solo 3 en contra.
Lo que le ocurrió a este proyecto de ley era una crónica de una muerte anunciada, pues ya habían sido suficientemente sustentadas las razones del rechazo tanto del contenido como del sentido del texto propuesto, con contundentes argumentaciones en contra de la iniciativa manifestadas por parte de los gremios nacionales que agrupan a los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, a los aseguradores, como también los médicos, las asociaciones de profesionales de la salud, las sociedades científicas, además de las organizaciones sociales, las ligas de pacientes, las asociaciones de pacientes, los sindicatos del sector salud y también los de fuera de dicho sector, las centrales obreras, así como los analistas sectoriales y los generadores de opinión. Ese rechazo se plasmó en una carta solicitando el archivo del mencionado proyecto, misiva radicada en los primeros días del mes de abril en el Congreso de la República y que fue firmada por un total de 230 organizaciones y 1060 personas.
Luego, en la primera semana del presente mes de mayo, una vez conocida la propuesta sustitutiva votada por la comisión accidental que se estructuró en el Congreso de la República, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y las diferentes agremiaciones médicas (Federación Médica Colombiana, FEDESALUD, Asociación Nacional de Internos y Residentes – ANIR, Sociedad Colombiana de Medicina Familiar – SOCMEF, Médicos Unidos de Colombia, Asociación Colombiana Médica Estudiantil – ACOME, y ASMEDAS nacional), volvieron a radicar una carta abierta al legislativo en la que nuevamente solicitaron el retiro por inconveniente del proyecto de ley 010 de 2020.
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Incluso, las movilizaciones de trabajadores, maestros, jóvenes e indígenas, que se han venido realizando desde el pasado mes de abril en el país, ya venían incluyendo el anuncio del rechazo al proyecto de reforma a la salud que apoyaba el Gobierno Nacional, tal y como ocurrió cuando este proyecto se radicó por primera vez en el mes de julio de 2020, cuando con soportes documentales de fondo más de 120 organizaciones de la sociedad civil, asociaciones médicas y de pacientes, expresaron públicamente su total desacuerdo con el mismo.
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Ahora bien, en los diferentes pronunciamientos y cuestionamientos que se hicieron en las pasadas semanas sobre el proyecto de ley por parte de quienes leyeron, revisaron y analizaron en detalle su texto, siempre se enfatizó que éste resultaba ser “más de lo mismo”, “inoportuno”, “distractor”, “innecesario”, “inconveniente”, “viciado de trámite”, “inconstitucional”, “sin ninguna capacidad resolutiva para abordar y corregir los problemas estructurales del sistema”, “entuerto”, “generador de confusión” y hasta paradójicamente “incumplidor de la Ley Estatutaria de Salud” que justamente decía garantizar.
Además, el entierro de pobre que iba tener el proyecto se veía venir cuando algunos de sus coautores solicitaron hace unas semanas a la Presidencia y a la Secretaría General del Congreso de la República su archivo “porque dista mucho de los reclamos y necesidades actuales de la población colombiana y no es un buen punto de partida para iniciar la discusión”.
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Luego la posición de no acompañar la iniciativa en el Congreso se hizo más evidente cuando las diferentes colectividades (partidos alternativos, partido de la U, partido liberal, partido conservador) empezaron a anunciar de manera pública que “se bajaban de ese bus”, solicitarían su archivo y que no votarían a favor de la continuidad de su trámite, tal y como efectivamente aconteció.
Y aunque el Ministro de Salud Fernando Ruiz hasta el mismo martes de esta semana trató de mostrar y convencer al país de “las bondades y los beneficios” del mencionado proyecto de ley, en un último y desesperado intento de revivir la iniciativa, la respuesta de los congresistas de las Comisiones VII al hundir el proyecto, dejó entrever que ese último intento del jefe de la cartera de salud para “sacarlo de la unidad de cuidados intensivos” en la que se encontraba, había fracasado rotundamente.
Con ese resultado que se dio en el Congreso de la República el país se libra por ahora de una ley que no resultaba ser la reforma estructural que amerita el sector salud, que no garantizaba la Ley Estatutaria de Salud que define el derecho fundamental a la salud, que no le devolvía al Estado la rectoría, dirección y autoridad sanitaria de la política de salud con una alta participación de la sociedad civil, que no garantizaba la atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, que no impulsaba el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia en el país, que no promovía la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano en salud, que no incluía una verdadera política de formalización laboral de los trabajadores del sector salud en las entidades tanto públicas como privada, que no fomentaba e implementaba un sistema integral de información en línea, con información epidemiológica, sociodemográfica, financiera, clínica, de determinantes sociales de la salud que posibilite la adecuada toma de decisiones de política pública de salud, que no implementaba una política transectorial para la incidencia en los 14 determinantes sociales de la salud, estipulados en la Ley Estatutaria de Salud y que tampoco garantizaba la sostenibilidad financiera al sistema de salud de los colombianos.
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Procede ahora por parte de la sociedad civil presentarle al país una propuesta de reforma alternativa para el sistema de salud en Colombia que garantice el derecho a la salud que se definió hace ya 6 años en la Ley Estatutaria de Salud, que formalice debidamente a quienes laboran en el sector salud, que garantice realmente el enfoque preventivo y se proyecte al enfoque predictivo de la enfermedad, que garantice la salud pública para todos los habitantes de este país, que fortalezca de verdad a la red hospitalaria pública y no la re-estructure para liquidarla, que reconozca lo que la Ley Estatutaria de Salud establece que los hospitales públicos deben ser centros generadores de rentabilidad social por encima de la financiera, que identifique a la red pública hospitalaria como el principal patrimonio de la comunidad, que haya protección de la salud de quienes están sanos y atención de calidad para quienes enferman, que le dé sostenibilidad financiera al sistema sin privilegio de unos actores sobre otros, entre otros asuntos.
Un proyecto de ley en esos términos le generaría a los congresistas mayor rédito electoral, credibilidad y confianza en la población que lo que les pasó a quienes desde el legislativo se casaron con la fallida reforma tributaria que fue retirada hace unas semanas por el Gobierno Nacional por todas las razones y motivaciones conocidas y con la misma reforma a la salud que le pasó lo mismo que al histórico Titanic: ¡se hundió en lo profundo del mar para nunca más salir!
[1] Es: Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido: Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla), de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y de empresas sociales del estado, asesor en salud de la Contraloría General de la República, gerente del Hospital Universitario CARI ESE. Actualmente: docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios en salud, editor de NOTAS DE ACTUALIDAD EN EL SECTOR SALUD.
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D.A.
