Deberán cumplir penas entre 20 y 33 años de prisión por quedarse con dineros que buscaban garantizar la llegada de docentes a comunidades indígenas y otros grupos poblacionales que habitaban en zonas veredales apartadas.
La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio pruebas que acreditaron la participación de dos exfuncionarios y un contratista en un entramado de corrupción que se apropió de recursos que buscaban garantizar el servicio de educación a niños, niñas y adolescentes de comunidades que habitan zonas geográficas de difícil acceso en Magdalena.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento condenó al exsecretario de Educación de Magdalena, Antonio José Matera Ramos, a 20 años y 10 meses de prisión; a la exfuncionaria de la gobernación departamental, Dubys Teresa Zagarra Palacios, a 25 años de prisión; y al contratista John Mairon Macías Sierra, a 33 años y 4 meses de prisión.
Estas tres personas fueron declaradas responsables del delito de peculado por apropiación. Adicionalmente, Zagarra Palacios fue sentenciada por falsedad ideológica en documento público.
Los hechos que motivaron las condenas están relacionados con la celebración del contrato 545 de 2013, suscrito entre la Gobernación de Magdalena y una fundación por valor 18.531 millones de pesos, con el objeto de prestar servicios educativos a menores de edad fuera de la cobertura departamental. La idea era beneficiar a 15.524 niños, niñas y adolescentes, pero tan solo fueron atendidos 5.191.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el contratista no respondió ante la obligación de ubicar las aulas, dotarlas físicamente y entregar los materiales necesarios para la impartición de las clases. Así como seleccionar y cubrir los honorarios de los docentes.
De igual manera, quedó en evidencia que Macías Sierra presentó documentos falsos como contratos de profesores y facturas que daban cuenta de que una empresa cubría determinadas actividades, cuando en realidad eso no ocurrió. La compañía en realidad estaba habilitada para comercializar partes, piezas y accesorios para automóviles.
En medio de los incumplimientos, la interventoría del contrato, que estuvo a cargo de una universidad pública, certificó que el objeto previsto se atendía a plenitud. Asimismo, Zagarra Palacios, en su condición de supervisora, también dio su aval; y el exsecretario Matera Ramos aprobó una certificación de supuesta ejecución exitosa del contrato y ordenó el desembolso de recursos.
Con estas actuaciones los involucrados auspiciaron el desvío de 5.000 millones de pesos.
El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Precisa que las penas deberán cumplirse en establecimiento carcelario.
