Un documento interno de Ecopetrol, revelado por la revista Semana, desató un nuevo escándalo al interior de la petrolera estatal. En la comunicación, firmada por el director Corporativo de Cumplimiento, Alberto José Vergara, se detalla una lista de 70 funcionarios de la compañía que habrían sido objeto de un procedimiento de “retención técnica” de comunicaciones e información digital y física. Entre los nombres aparece el del propio presidente de la empresa, Ricardo Roa.
La orden habría incluido la revisión de correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de altos cargos, tanto de Ecopetrol como de sus filiales Hocol y Cenit. Según la denuncia, todo se habría hecho bajo el amparo de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, por un valor de 5,8 millones de dólares, cuyo objetivo formal era analizar el impacto reputacional de Roa en los mercados internacionales. No obstante, fuentes indican que el propósito real habría sido identificar a quienes filtraban información a los medios.
En la lista de presuntamente espiados figuran nombres clave como Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta directiva; Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente Ejecutivo; Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de Nuevos Negocios; Fabio Ortega, gerente de Nuevos Negocios de Hocol; y Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo, entre otros altos funcionarios.
El documento instruye explícitamente que se realice un “legal hold” para evitar la eliminación, modificación o destrucción de información relevante: “correos electrónicos y cualquier información o documentación física, electrónica y/o magnética, incluso de computadores, dispositivos móviles y tabletas”, según se lee en el memorando.
Roa niega haber dado la orden
En declaraciones concedidas a Semana, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó haber dado la instrucción para llevar a cabo las interceptaciones: “Jamás le di una instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Lo informé a la junta directiva”, aseguró.
Por su parte, César Loza, presidente del sindicato de la compañía, advirtió que este caso trasciende la simple vigilancia digital: “No solo se interceptan correos, sino que también se han tomado acciones represivas contra empleados, todo bajo la máscara de este contrato. No se puede permitir que prácticas como estas continúen. Hay procesos disciplinarios establecidos, y deben ser aplicados con rigor”.
Hasta el momento, ni la junta directiva ni las autoridades han emitido una comunicación oficial sobre las acciones que podrían derivarse de este caso, que involucra a la cabeza de la principal empresa estatal del país y al exgerente de campaña presidencial de Gustavo Petro.
