Una reciente columna de opinión del abogado y docente universitario Porfirio Castillo Zamora desmintió la naturaleza jurídica de la concentración popular convocada por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla. Aunque el mandatario la presentó como un “cabildo abierto” y los medios masivos replicaron sin matices ese término, el jurista recordó que los cabildos abiertos tienen una regulación constitucional y legal precisa que no fue cumplida en ese acto.
Según Castillo, los cabildos abiertos no son eventos convocados por gobernantes, sino por la ciudadanía organizada, mediante solicitud formal a un órgano representativo como un concejo municipal. Además, tienen un carácter deliberativo, no son espacios para discursos unilaterales, y deben producir compromisos institucionales frente a peticiones ciudadanas concretas.
La columna, publicada por Dejusticia, explica que el acto en Barranquilla no fue solicitado por ciudadanos ni aprobado por ninguna instancia representativa local. Fue una movilización masiva, sí, pero con fines políticos y no jurídicos, sin efectos vinculantes ni deliberación institucional. “El presidente no puede pretender atribuirle efectos legales a un acto que no siguió ninguno de los pasos exigidos por la ley”, advierte el autor.
Castillo también criticó el uso simbólico de figuras como Bolívar y la espada en un contexto donde se pretende convertir la voluntad presidencial en mandato popular sin mediación institucional. Calificó esa retórica como “peligrosa”, por buscar evadir los mecanismos constitucionales bajo una fachada de participación.
La columna de opinión concluye que, aunque políticamente significativo, lo sucedido en Barranquilla no fue un cabildo abierto, y advertirlo no es una cuestión nominalista ni de tecnicismos, sino de respeto a la democracia constitucional.
