La Procuraduría General de la Nación propuso un debate nacional alrededor de los retos en la implementación de la Política Pública de Víctimas, especialmente, frente a las garantías de no repetición que se hacen urgentes en escenarios de emergencia humanitaria como Cauca y Catatumbo, tras los recientes desplazamientos masivos ocurridos allí en el primer trimestre 2025 y las alertas identificadas para otras zonas del país.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Ministerio Público aseguró que, pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno Nacional por aumentar la asignación de recursos para esta política, las necesidades de los afectados superan las capacidades presupuestal e institucional, lo que requiere una mejora en los procesos de planeación, articulación nacional, nación-territorio y el incremento de la capacidad institucional del nivel territorial.
Entre los temas críticos detectados hay deficiencias para garantizar el mínimo vital de la población afectada por las emergencias humanitarias, ausencia de políticas específicas para su estabilización socioeconómica y dificultades para acceso a los programas en zonas rurales y en el exterior.
También que hasta el momento se ha indemnizado solo al 12% de las 9.8 millones de víctimas del conflicto armado registradas desde 2004 y para lograr ponerse al día se necesitan aproximadamente 83 billones de pesos, según el último costeo de la Contraloría General de la República.
El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz aseguró que las acciones institucionales se han visto desbordadas por la disputa entre grupos armados para controlar los territorios y economías ilícitas que dejaron las extintas Farc, lo que hace que persista el desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios, amenazas, delitos sexuales, reclutamiento ilícito y otras formas de violencia.
Solo en 2024 se registraron 235 emergencias humanitarias en 23 municipios (145 desplazamientos forzados masivos y 90 confinamientos) que afectaron a 320 mil personas. A estas se suman las más de 80 mil personas afectadas por estos mismos delitos en la región del Catatumbo durante los primeros meses de 2025, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
Las violaciones de derechos humanos y las infracciones del DIH por parte de los grupos armados, son también contra los actores humanitarios, quienes en 2024 registraron 208 hechos de amenazas y violencia en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Caquetá.
La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia, promueve el diálogo para construir consenso y garantiza su presencia desde las regiones como brújula de sus actuaciones misionales, para la promoción y defensa de sus derechos.
