El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, y a varios mandatarios regionales por no haber cumplido con las acciones ordenadas para atender la emergencia en la Mojana, tras la ola invernal de 2021.
Según la sentencia, los funcionarios fueron declarados en desacato y deberán pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
La sanción no solo recae sobre el director de la UNGRD, sino también sobre:
Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente y representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A.
Lucy García Montes, gobernadora de Sucre.
Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba.
Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar.
Los alcaldes de los municipios afectados en Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, incluyendo San Marcos, Guaranda, Majagual, Magangué, San Jacinto del Cauca, Ayapel, entre otros.
El Tribunal ya había emitido una providencia el 27 de febrero de 2024, en la que ordenaba a las entidades involucradas adelantar acciones concretas para mitigar el impacto de la emergencia en la Mojana. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas directrices, se determinó el desacato.
Entre las medidas exigidas estaba la actualización del censo de damnificados, incluyendo información sobre familias afectadas, predios requeridos para intervenciones y evaluación de necesidades. Esta información debía servir de base para la ejecución de planes de acción que garantizaran soluciones efectivas a la población.
El fallo establece que los sancionados tienen 10 días para pagar la multa y 30 días para evaluar la situación de la Mojana y ejecutar las fases de respuesta a la emergencia.
Además, el Tribunal instó a los mandatarios a trabajar de manera coordinada y cumplir con sus obligaciones para evitar nuevas sanciones.
Este proceso fue iniciado por la Defensoría del Pueblo, que interpuso una acción popular con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas en la región.
