El conflicto territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario ha dado un nuevo giro.
El Distrito de Barranquilla, a través de un comunicado, informó que ha solicitado formalmente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la apertura de un proceso de deslinde, un paso clave para resolver la disputa sobre los límites de esta zona estratégica.
La solicitud fue presentada el pasado 21 de febrero ante el IGAC, que es el organismo encargado de definir los límites entre las entidades territoriales. Según el Distrito, el fundamento legal de la solicitud se basa en la legislación vigente y el Acto Legislativo 01 de 1993, así como en los antecedentes históricos que, según la administración barranquillera, avalan la delimitación de los 1.435 hectáreas a favor de Barranquilla.
“El Distrito de Barranquilla ha solicitado formalmente desde el 21 de febrero la apertura de actuación administrativa de deslinde ante el IGAC, de conformidad con la legislación vigente y basándonos especialmente en el Acto Legislativo 01 de 1993 y en los antecedentes históricos que establecieron originalmente los límites a favor del Distrito”, expresó el comunicado oficial emitido por la Alcaldía de Barranquilla.
Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, ha sido tajante al defender la soberanía de su municipio sobre el Corredor Universitario. En un mensaje a la ciudadanía, destacó que un equipo jurídico especializado ha sido conformado para hacer frente a la solicitud de Barranquilla, argumentando que históricamente el Corredor Universitario siempre ha pertenecido a Puerto Colombia.
“Contamos con un equipo especializado para defender la soberanía del territorio sobre el Corredor Universitario, el cual siempre nos ha pertenecido. Estuvimos hablando con los líderes del municipio sobre las estrategias que tenemos para hacerle frente a esta controversia. El Corredor Universitario es en estos momentos de Puerto Colombia”, afirmó Cedeño.
La batalla legal se intensifica con la inclusión de un proceso de defensa jurídica, encabezado por el abogado Juan Barrero Bernardinelli, quien será el encargado de proteger los intereses de Puerto Colombia en este caso. Además, se anticipa que el jueves 13 de marzo se llevará a cabo una sesión descentralizada del Congreso para abordar esta controversia territorial, lo que podría dar un nuevo impulso al debate sobre los límites entre ambos municipios.
Este conflicto, que ha estado latente por años, sigue siendo un tema de gran interés para las autoridades locales y la ciudadanía, mientras las dos partes esperan que el IGAC tome una decisión en los próximos meses.