Camacol Nacional ha solicitado formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante una reciente resolución del Ministerio de Ambiente que, según el gremio, pone en riesgo la construcción de aproximadamente 360.000 viviendas en Bogotá y Cundinamarca.
Esta medida afectaría principalmente a proyectos de interés social, dificultando el acceso a la vivienda de miles de colombianos.
La resolución, que ha generado controversia, establece restricciones que, según Camacol, bloquean el desarrollo urbano en la región. El gremio destaca que, si bien la protección del medio ambiente es fundamental, las decisiones deben tomarse en un marco de participación y respeto por la autonomía territorial de los entes locales.
Camacol advierte que la medida podría frenar el avance de importantes proyectos de vivienda que están en proceso de construcción, afectando especialmente a aquellos destinados a la población más vulnerable. En su comunicado, el gremio hace un llamado a las autoridades para que se garantice un proceso participativo y transparente en la toma de decisiones relacionadas con el uso del suelo y el desarrollo urbano.
La solicitud de Camacol se centra en que se respeten las competencias de los gobiernos locales, para así poder encontrar soluciones que equilibren el desarrollo urbano con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la región.
