La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas involucradas en un presunto caso de corrupción dentro del Concejo Municipal de Magangué, Bolívar. Los procesados enfrentan graves cargos por fraude y mal manejo de fondos públicos, específicamente por la apropiación ilícita de más de 81 millones de pesos.
Los implicados en este escandaloso caso son:
- José Manuel Martínez Bonilla, exsecretario general del Concejo de Magangué.
- Miguel Ángel Sampayo Ortiz, excontratista de la Alcaldía de Magangué.
- Estefanía Bustamante López y Simón Enrique Nieto Toscano, dos particulares que también serían responsables de los actos fraudulentos.
Los hechos
De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro procesados habrían actuado de manera conjunta en febrero de 2024, cuando presuntamente Martínez Bonilla y Sampayo Ortiz certificaron, mediante documentos falsificados, la realización de unas sesiones extraordinarias en el Concejo Municipal. Con estas falsificaciones, habrían generado obligaciones de pago por las cuales se transfirieron los mencionados 81 millones de pesos.
Sin embargo, la investigación demostró que dichas sesiones nunca se llevaron a cabo, y que los pagos fueron dirigidos a Bustamante López y Nieto Toscano, quienes no tenían ningún tipo de vinculación laboral ni contractual con la corporación.
Capturas y medidas judiciales
Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, realizaron las capturas de los implicados en diferentes sectores de Magangué, específicamente en los barrios San Mateo, Boston y Olaya.
Tras las audiencias correspondientes, un juez de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento en lugar de domicilio para Sampayo Ortiz, mientras que los otros tres procesados continúan vinculados al proceso judicial. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más implicados en este caso de corrupción.
Cargos imputados
Los procesados enfrentan cargos por los siguientes delitos:
- Peculado por apropiación atenuado
- Falsedad ideológica en documento público
- Usurpación de funciones públicas
- Obtención de documento público falso
Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de vigilancia y control sobre el manejo de los recursos públicos en las instituciones del país.
