La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente para que las autoridades correspondientes presten atención a la delicada situación que están viviendo los habitantes de San José de Palmar, en Chocó, por cuenta del paro armado y el colapso de la vía que conecta el municipio con Cartago, Valle del Cauca, situación que está provocando incluso un desabastecimiento de alimentos.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago indicó que desde 2022 instauró, junto con la Personería, una acción popular, y la justicia en sus dos instancias les concedió la razón y fijo responsabilidades a las gobernaciones de los dos departamentos, sin que de acuerdo a lo expresado por el alcalde y la ciudadanía en general ninguna le haya dado cumplimiento a lo ordenado hasta el momento para restablecer las condiciones de aproximadamente 6.000 personas.
Por estos hechos y ante lo apremiante de la situación, el Ente de control convocó a todos los alcaldes del norte del Valle, quienes expresaron su solidaridad e indicaron que iniciarán gestiones para ayudar a los habitantes de la región, para lo que se organizó una colecta y se tiene previsto hacer el primer envío de ayudas en el transcurso del fin de semana.
La Procuraduría estableció que ambas gobernaciones se comprometieron a enviar maquinaria amarilla, medida necesaria aunque insuficiente por la gravedad de los hechos que se están presentando en materia de orden público y la dimensión de los daños que hay en el trayecto vial afectado, por lo que solicitó el cumplimiento total de lo ordenado por el Tribunal del Valle.
En el mismo sentido, el Ministerio Público calificó como inadecuada e ineficaz que la única respuesta institucional sea la misma que se contempló antes de la crisis actual; igualmente, resaltó que el escenario ha cambiado y las soluciones deben actualizarse y tener siempre presente que la población enfrenta una posible vulneración de sus derechos humanos.
Finalmente, la Entidad fue enfática al afirmar que no se trata solo de recuperar una vía, sino de garantizar los derechos fundamentales de las personas que enfrentan un confinamiento prolongado y una crisis humanitaria sin precedentes, por lo que se requiere un trabajo articulado, pero con presencia permanente y compromiso real por parte de las gobernaciones y demás autoridades encargadas de atender la situación.
