La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro exediles de la comuna 90 Santa Elena, en Medellín, por presuntas irregularidades en la expedición de certificados de residencia que habrían beneficiado a personas no residentes en la ciudad.
Los investigados son Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Bahos, quienes habrían aprobado el acuerdo local 002 del 30 de noviembre de 2021. Dicho acuerdo permitía que habitantes de municipios como Bello, Copacabana, Guarne, Rionegro, El Retiro y Envigado accedieran a beneficios del presupuesto participativo de Medellín, siempre que hubieran terminado su bachillerato en instituciones educativas de Santa Elena.
Según la Procuraduría, los exediles también se habrían adjudicado indebidamente la facultad de validar certificados de residencia emitidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Inspecciones de Policía, extralimitándose en sus funciones.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como grave a título de dolo y continuará con la investigación para determinar posibles sanciones.
