- El reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves, extendidas e invisibles en el marco del conflicto armado colombiano.
- Según fuentes consultadas, en 2024 se reportaron 409 casos de reclutamiento de menores de edad, el Cauca es el departamento con mayor afectación, y la población más vulnerable son los menores de edad con pertenencia étnica indígena.
La Procuraduría General de la Nación exhorta al Gobierno nacional a priorizar la atención a los niños, niñas y adolescentes en las agendas de negociaciones de paz con los Grupos Armados Organizados al margen de la ley (GAO), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Las Manos Rojas.
Dentro de la labor de seguimiento permanente a la problemática que se presenta en el país por el reclutamiento de menores de edad por parte de los GAO, el Ministerio Público advierte que persiste el grave riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a causa del conflicto armado.
Según la Defensoría del Pueblo, en el 2024 se reportaron 409 casos de reclutamiento de menores de edad, siendo el Cauca el departamento con mayor afectación con 300 casos registrados; y la población más vulnerable los menores de edad con pertenencia étnica indígena, con un porcentaje equivalente al 51 %.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró que en el mismo año se abrieron 318 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de menores de edad que se desvincularon de los GAO.
La Procuraduría advierte que el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves, extendidas e invisibles en el marco del conflicto armado colombiano.
La Entidad reitera a los entes responsables de prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la necesidad de ejecutar acciones urgentes y efectivas en el marco de la prevención temprana, urgente y de protección, en aras de minimizar los riesgos, garantizar entornos seguros, protectores y eliminar todas las formas de violencia contra esta población de especial protección constitucional.
