En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal, soborno de testigos y soborno de testigos en actuación penal, su defensa presentó una recusación contra la jueza 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
El país sigue de cerca uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años, después de que se llevara a etapa de juicio por primera vez en la historia a un expresidente de la república.
Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, alegó que la jueza ha mostrado una actitud sistemática de vulneración de garantías procesales y ha tomado decisiones que demuestran parcialidad, como la rápida resolución de nulidades y la censura a la defensa. El litigante aseguró que el proceso ha estado marcado por fuertes tensiones con la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia.
El abogado defensor expresó su preocupación por lo que considera una actitud hostil de la jueza de primera instancia hacia el expresidente Uribe. Según Granados, esta actitud se ha manifestado en decisiones que, a su juicio, han vulnerado garantías básicas del debido proceso.
Como ejemplo, mencionó un episodio en el que la jueza negó un aplazamiento solicitado por Uribe para atender compromisos internacionales, obligándolo a asistir a una audiencia inmediatamente después de un largo viaje.
“Ella prácticamente lo forzó a estar tomando la audiencia bajándose del avión. Es decir, con una actitud totalmente irrespetuosa atropellando no solamente la dignidad de un expresidente y exsenador sino de una persona que tiene 72 años de edad y tiene la dignidad humana como cualquiera. Me parece que ha habido múltiples actuaciones desobligantes y se han dejado las constancias respectivas”, señaló el abogado al diario nacional.
No obstante, Granados reconoció que el tribunal superior ha corregido algunas de estas decisiones, lo que, en su opinión, refuerza la vigencia del Estado de derecho en Colombia. Sin embargo, advirtió que la actitud de la jueza pone en riesgo la imparcialidad del proceso.
Incluso, Granados calificó el caso contra Uribe como un ejemplo de “lawfare” o guerra jurídica, argumentando que tiene un trasfondo político. Según explicó a El Colombiano, el proceso se originó en 2018, en medio de una campaña electoral en la que Uribe obtuvo la mayor votación histórica como senador y su partido, el Centro Democrático, alcanzó la presidencia de la República.
La defensa argumentó que la imparcialidad de Heredia está seriamente comprometida, lo que justifica su separación del caso.
