Por presuntas demoras injustificadas en la ejecución del contrato de obra por valor de $ 3.918’914.255 suscrito para construir la Plaza de Mercado ‘San Isidro Labrador’, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Rovira, Tolima, Diego Andrés Guerra Quintero.
La decisión del ente de control también involucra al exsecretario de Planeación y Obras Públicas, Iván Camilo Ortiz Espinosa, quien fue designado como supervisor del bilateral que tuvo que ser suspendido, reiniciado, modificado y prorrogadas las suspensiones, al parecer, por indebida planeación en la etapa precontractual, conforme lo exige el Estatuto Contractual.
A los exfuncionarios se les cuestionó la posible participación en el proceso contractual sin contar previamente con estudios y diseños completos, adecuados y definitivos, lo que habría conllevado no solo a suscribir por lo menos seis suspensiones en la ejecución sino también a la demolición de parte de lo construido.
Estas demoras excesivas se habrían visto reflejadas en el bajo avance registrado en 2024, pues casi dos años después de haber sido suscrito el negocio jurídico, la obra no habría alcanzado el 40 % de ejecución.
La Procuraduría endilgó un segundo cargo a Guerra Quintero, por posible omisión de las medidas legales que debieron tomarse, tales como declarar el incumplimiento del contrato, cuantificar los perjuicios, imponer las multas y sanciones pactadas, y hacer efectiva la cláusula penal.
Las faltas del exmandatario se calificaron provisionalmente como gravísima y grave a título de culpa grave; y la del entonces secretario de Planeación y Obras Públicas como gravísima a título de culpa grave.
Finalmente, la Entidad manifestó a los sujetos procesales que tienen derecho a rendir versión libre sobre las circunstancias de la comisión de los hechos reprochados, al tiempo que les informó los beneficios por confesión o aceptación de cargos.
