El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, alertó sobre la creciente deuda de más de 50.000 millones de pesos de la empresa Aire, la cual podría comprometer las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico a partir de 2027, a pesar de que no representa un riesgo inmediato de apagones.
Según Ortega, aunque la situación no genera peligro de desabastecimiento energético en los próximos dos años, la incertidumbre financiera creada por la falta de pagos podría limitar la capacidad de las empresas para realizar las inversiones que se requieren para asegurar el suministro eléctrico a largo plazo.
La deuda de Aire se agrava aún más por la reciente decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos que permitió a la empresa suspender los pagos a sus proveedores, una medida que ha generado incertidumbre en el sector eléctrico. Esta situación ha sido complicada por el retraso en los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, que llevan dos trimestres sin ser desembolsados por el Gobierno Nacional, afectando la estabilidad financiera del sistema.
Ortega recalcó que el país necesita una inversión de al menos 12 mil millones de dólares en generación de energía para satisfacer la creciente demanda de los próximos años. Sin embargo, la falta de señales claras para los inversionistas internacionales ha puesto en riesgo estas inversiones, lo que podría generar problemas de suministro en 2027 o 2028.
“Colombia no tiene los recursos necesarios para garantizar la generación de energía futura. Es crucial dar certezas a los inversionistas para que puedan confiar en el mercado colombiano y traer esos recursos al país”, señaló Ortega.
El presidente del Grupo de Energía de Bogotá hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se resuelvan de manera urgente los pagos de los subsidios y se estabilice el panorama financiero del sector, con el fin de asegurar que la energía siga siendo una prioridad y evitar problemas más graves en el futuro.
Aunque Bogotá y Cundinamarca no enfrentan apagones inmediatos, la falta de medidas concretas podría poner en riesgo el abastecimiento energético de la región en los próximos años. La situación resalta la necesidad de un plan claro y de inversiones estratégicas para garantizar la estabilidad energética a largo plazo.