Para el ente de control es fundamental garantizar la seguridad energética del país, evitando un riesgo sistémico que afecte no solo a la Costa Caribe, sino a todo el sistema energético nacional.
Calificó de improvisada e incierta la intervención de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.
La Procuraduría General de la Nación expresó su enérgico rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., un proceso que, según se anunció, tiene fines de liquidación y administración temporal. En una reunión convocada de manera urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la ausencia de un plan concreto y estructurado, lo que pone en riesgo tanto la continuidad del servicio como la estabilidad del sistema energético del país.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención. “Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa”, subrayó. Además, destacó que, sin un método concreto, es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.
En la reunión, el ente de control solicitó al agente interventor presentar el informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que supera los 107 mil millones de pesos, para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa. También se requirió información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de AIR-E S.A.S. E.S.P. con los generadores de energía.
Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave, con el objetivo de definir cómo se financiará la intervención, los plazos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional respecto a la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.
