El Consejo de Estado dio un paso decisivo en la adecuación de las normas disciplinarias colombianas al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, lo que, según el magistrado Milton Chávez, presidente de esta alta corte, representa un cumplimiento integral de las directrices internacionales y de la Constitución Nacional. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado detalló el impacto del fallo y aclaró cómo se ajustarán los procesos sancionatorios contra funcionarios públicos de elección popular.
La Procuraduría seguirá sancionando, pero bajo control judicial
El fallo establece que la Procuraduría General de la Nación conservará sus facultades investigativas y sancionatorias, pero las decisiones que impliquen destituciones o inhabilidades de funcionarios elegidos popularmente deberán ser revisadas y ratificadas por el Consejo de Estado antes de hacerse efectivas.
“El examen que hace el Consejo de Estado es integral, abarcando la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de la actuación de la Procuraduría. Solo una vez concluido este trámite, la sanción podrá ejecutarse”, afirmó el magistrado Chávez, quien dijo en Blu Radio que esta revisión garantizará el respeto al principio de reserva judicial exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
La adecuación legislativa, un reto pendiente
El magistrado Chávez calificó la decisión como una solución transitoria mientras el Congreso de la República desarrolla un marco legislativo definitivo para cumplir plenamente con los estándares internacionales.
