La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria, por el presunto delito de cohecho impropio con relación al escándalo en la UNGRD.
“La decisión de la Sala, relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), concierne a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera”, señaló la Corte en un comunicado.
Según la Corte, para tomar esta decisión tuvo en cuenta más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de Policía Judicial y más de diez pruebas testimoniales.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, puntualizó la Corte Suprema de Justicia.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los congresistas presuntamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
“La actividad investigativa preliminar permitió evidenciar que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, detalló la Corte.
La Sala citará a los investigados a diligencias de indagatoria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer si se infringió la ley.
