Los magistrados del Consejo de Estado se trasladaron a Washington para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y discutir el escenario relacionado con las sanciones impuestas por la Procuraduría a funcionarios seleccionados por voto popular.
El encuentro se lleva a cabo en el marco de la unificación de jurisprudencia que se encuentra en trámite en la sala plena del Consejo de Estado, después del fallo C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, que reafirmó las potestades sancionatorias del Ministerio Público, sujetándolas a una revisión automática por parte de este.
No obstante, ciertos jueces no han implementado esta sentencia, mencionando el precedente de la Corte IDH en el caso Petro.
Dicha reunión contó con la presencia del presidente de la corporación y magistrado de la sección cuarta, Milton Cháves; el magistrado de la sección tercera, sala B, Alberto Montaña; la magistrada de la Sala de Consulta y Servicio Civil, María del Pilar Bahamón; y el magistrado de la sección quinta, Omar Barreto.
Por su parte, la Procuraduría reportó que, hasta el momento, se han suspendido 34 resoluciones del Consejo de Estado mientras el tribunal aúna su posición respecto a la revisión de estas penalizaciones a funcionarios elegidos por el pueblo.
Es importante recordar que, recientemente, la Sección Segunda había invalidado las penalizaciones aplicadas por la Procuraduría. En respuesta a esto, el organismo de control llevó a cabo una acción de tutela. En un principio, la Sección Cuarta declaró inadmisible la tutela, lo que confirmó los veredictos de la Sección Segunda. No obstante, la Sección Quinta examinó el veredicto de la Sección Cuarta, anulando el fallo de la Sección Segunda y solicitando la expedición de nuevas resoluciones.
