El ex candidato presidencial, Sergio Fajardo se le sindica de celebración indebida de contratos, sin el debido cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Por lo anterior, el ente acusador le formuló imputación de cargos al excandidato presidencial Sergio Fajardo, por posibles irregularidades en un millonario contrato de empréstito, en medio de una investigación que está bajo la coordinación de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia en audiencia virtual ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
La fiscal delegada, dice que el contrato objeto de investigación se presentó cuando Fajardo era gobernador del departamento, el 5 de diciembre de 2013. “Se suscribió cuando era ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de $77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos”, se indicó.
Por lo anterior, el ente acusador, asegura que los hallazgos conforman un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los $3.140 pesos.
El excandidato presidencial deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
“Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, indicó la Fiscalía.
Antes de la audiencia de imputación, el ente acusador en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, negó a la defensa del excandidato presidencial Sergio Fajardo la petición de conformar un comité técnico para revisar la decisión de formularle cargos por posibles irregularidades en dicho contrato de empréstito.
A través de un escrito de tres páginas dirigido a Mauricio Pava, abogado defensor de Fajardo, el jefe del organismo investigador indicó que la convocatoria de un comité técnico-jurídico es una facultad discrecional del Fiscal General y no es un derecho al que tengan acceso las partes.
De igual forma, sostuvo que las determinaciones adoptadas por la fiscal a cargo del proceso han sido acorde a la ley y han estado sustentadas en elementos de prueba contundentes.
D.A.
