La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP emitió una orden con medidas cautelares contra la Reforestadora Integral de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba que, al parecer, estaban haciendo uso de las tierras de la región de Tulapas en Urabá , las cuales comprenden una extensión aproximada de 200.000 hectáreas que abarcan 58 veredas ubicadas en 3 municipios diferentes, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, los cuales han sido víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.
Las medidas fueron tomadas como una forma de garantizar los derechos de las comunidades campesinas de los territorios de esta región. Con esta medida, la JEP prohibió a la RIA hacer uso y disfrute de la tierra de esta zona en la que desarrolla proyectos forestales y le solicitó suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o con su liquidador.
Esta decisión también se tomó al verificar que estas comunidades campesinas no habían obtenido una reparación integral, y no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus predios como mecanismo de reparación, corriendo así, los riesgos de no acceder a estos, como consecuencia del desarrollo de proyectos que buscan el aprovechamiento forestal de monocultivos por parte de empresas que según la JEP, presuntamente, han tenido vínculos con actores del conflicto armado.
Esta decisión adoptada por la JEP está en línea con los hallazgos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y de jurisdicciones especializadas en restitución de tierras, Justicia y Paz, donde se ha encontró, que en varias ocasiones y desde hace varios años, más exactamente, entre la década de los noventa y principios de los años dos mil, que en esta región ocurre un despojo material y jurídico masivo que ha afectado a por lo menos 130 familias campesinas y más de 4.000 personas, que decidieron abandonar la región.
