Los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Alzate y Edwar Orozco, respectivamente, expresaron su optimismo respecto a las próximas modificaciones al régimen tarifario del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Durante una reciente reunión, ambos coincidieron en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe emitir actos administrativos para modificar o finalizar el actual régimen, considerado “nefasto” y “discriminatorio”.
Miguel Alzate afirmó que este es el “principio del fin” del sistema tarifario que ha perjudicado a la región. Según él, la única manera de corregir la situación es a través de la CREG, que deberá reexaminar las resoluciones que han establecido este régimen. “Se tomarán más de 14 medidas para impactar los componentes que regulan el costo del kilovatio, incluyendo generación, distribución y comercialización”, indicó Alzate.
Por su parte, Edwar Orozco subrayó la necesidad de una revisión exhaustiva de los componentes de generación y pérdidas, enfatizando que esta modificación debería tener un efecto positivo en las tarifas actuales. Orozco también mencionó que restaurantes y hoteles se han visto gravemente afectados por las altas tarifas, lo que ha llevado al cierre de algunos negocios.
Contexto de la acción popular
En agosto de 2022, las Personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha presentaron una acción popular contra las resoluciones de la CREG que establecieron el régimen tarifario vigente. Solicitaron medidas cautelares, las cuales fueron aceptadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Esto llevó a una audiencia pública en Barranquilla donde se discutieron los impactos negativos de las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021.
Como resultado de esta audiencia, la CREG se comprometió a expedir los actos administrativos necesarios para modificar las tarifas. Los Autos 354 y 355 se anunciaron como parte de este proceso, con la intención de ajustar todos los componentes que afectan el servicio público de energía.
Propuestas de modificación
La CREG ha publicado varias propuestas para revisar los componentes de generación, comercialización y pérdidas. Entre ellas se encuentran nuevas metodologías para la remuneración de la actividad de comercialización, que podrían significar reducciones cercanas al 40% en el componente comercial para la región. Además, se están analizando ajustes en los factores de indexación utilizados para el cálculo de tarifas.
Los personeros esperan que estas medidas se implementen de manera efectiva y en el corto plazo, y están dispuestos a tomar acciones adicionales en caso de que no se cumplan. “Es fundamental que se respete el compromiso con la ciudadanía para lograr tarifas de energía justas y sostenibles”, concluyó Orozco.
Con la implementación de estas reformas, se espera que la región Caribe finalmente obtenga la “justicia tarifaria eléctrica” que tanto necesita.