La Fiscalía General de la Nación impactó el patrimonio ilícito que habría constituido una organización trasnacional que, entre 1997 y 2000, lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en situados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
Los activos afectados con fines de extinción de dominio están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.
Los dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero, que no correspondían a su perfil económico y generaron un incremento injustificado en el patrimonio.
