Anoche, Señal Colombia, en colaboración con la Revista Raya, presentó una investigación reveladora sobre la adquisición del software espía israelí ‘Pegasus’ por el Gobierno del expresidente Iván Duque, a través de la empresa NSO Group.
El informe titulado «Pegasus: El mayor secreto del Gobierno Duque» expone detalles preocupantes sobre una transacción financiera que habría tenido lugar en 2021.
Según el reporte, se certifica un movimiento de 11 millones de dólares desde el Gobierno colombiano al Banco Hapoalim en Israel, con dinero presuntamente relacionado con incautaciones al narcotráfico. Este dinero fue transportado en un avión comercial chárter de Bogotá a Tel Aviv entre junio y septiembre de 2021.
La investigación también resalta que el uso de este software espía ha suscitado controversias en otros países de la región, incluyendo México y Venezuela, y ha atraído la atención de Estados Unidos por posibles violaciones a los derechos humanos.
Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), declaró que el acuerdo se concretó a través de un lavado de activos. Afirmó que los funcionarios sabían que estaban cometiendo delitos y, por ende, optaron por realizar la transacción «por debajo de la mesa». Gur Megiddo, periodista israelí, añadió que el dinero involucrado provenía de actividades ilegales, específicamente de narcotráfico.
La investigación también hace eco de las acusaciones de la defensa de exfuncionarios del Gobierno Duque, quienes aseguran que el actual Ejecutivo está creando una narrativa conspirativa sobre el uso de Pegasus, que ha sido asociado con diversas violaciones de derechos humanos en múltiples regiones del mundo.
Entre los hallazgos destacados está la identificación de María Fernanda Rangel Esparza, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, como la primera víctima pública del virus Pegasus en Colombia, cuya investigación forense mostró contaminación de su dispositivo.
Finalmente, el senador Antonio José Correa ha anunciado su intención de convocar un debate de control político en el Congreso sobre el uso de esta tecnología.
La investigación sigue generando un amplio debate sobre la ética y legalidad de estas acciones dentro del contexto colombiano.
