Fue presentada una queja disciplinaria contra el director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, ante la Procuraduría General de la Nación, por la baja ejecución del presupuesto de esa entidad.
Los accionantes afirmaron que según los registros públicos del Ministerio de Hacienda, para inicios de septiembre el DPS no había ejecutado ni el 30% del presupuesto que tiene disponible esa entidad para los proyectos y programas del 2024.
“En el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, revisado el 11 de septiembre de 2024, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, presenta una inocua ejecución presupuestal para la presente vigencia, la cual a esa fecha registra un porcentaje de ejecución total del 24 %”, afirma el documento.
Los denunciantes indicaron que la baja ejecución estaría afectando la prestación de los servicios de Prosperidad Social destinados para las poblaciones vulnerables, pues se estarían generando retrasos en el pago de los subsidios y causando afectaciones a millones de familias.
“Ha impactado gravemente la prestación de los servicios esenciales para la población vulnerable, con retrasos en la entrega de los subsidios de ‘Renta Ciudadana’ y los demás programas y proyectos de la entidad, lo cual afecta a millones de familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad”, añade la queja.
El recurso también cuestiona que la falta ejecución del presupuesto afecta la capacidad para que el DPS pueda alcanzar los objetivos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
“La no ejecución efectiva del presupuesto asignado a estos programas sociales no solo afecta a las poblaciones beneficiarias, sino que pone en entredicho el cumplimiento de los objetivos institucionales de Prosperidad Social, afectando la superación de la pobreza y la inclusión social, que son los fines principales de la entidad”, concluye el recurso.
Los accionantes solicitaron a la Procuraduría que estudie iniciar una investigación contra Gustavo Bolívar y otros funcionarios del DPS, por omisión en sus funciones en la baja ejecución.
