Mientras que en el país hay expectativa por el futuro de la investigación en elConsejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes de ingresos y gastos en la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022; en los pasillos de esta corporación ha pasado desapercibida otra investigación que podría poner en aprietos directamente al primer mandatario.
Se trata de una ponencia presentada ante la Sala Plena del CNE por el Magistrado Alfonso Campo (conservador) y en el que pide abrir investigación formal y formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro, en su calidad de ciudadano, por cuenta de la presunta vulneración al artículo 24 de la Ley 130 de 1994, y el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, por la realización de propaganda electoral anticipada de cara a las elecciones presidenciales del 27 de mayo y 19 de junio de 2022.
Según la ponencia, conocida en exclusiva por BLU Radio, el CNE recibió cerca de 16 denuncias en contra del hoy presidente de la República desde septiembre de 2021 en las que se pedía investigar diferentes actos públicos y cuñas digitales y radiales en los que se habría promovido la figura del entonces Senador como aspirante a la Presidencia y la coalición Pacto Histórico, sin estar dentro de los tres meses reglamentados por el calendario electoral.
Entre los actos públicos que fueron estudiados en la ponencia se resaltan: la concentración de la ‘P’ gigante ocurrida en la plaza de la Paz de Barranquilla, el 10 de septiembre de 2021, y que según Nicolás Petro fue financiada por el empresario Euclides Torres; la concentración en Pereira el 8 de octubre de 2021; y el acto en La Boquilla de Cartagena el 21 de octubre de 2021, en donde los pescadores construyeron otra letra ‘P’ con sus lanchas.
Para ello se revisaron las transmisiones de esas concentraciones, notas de prensa, así como publicaciones en las redes sociales tanto del candidato Petro como de su jefe de campaña, el hoy embajador en la FAO, Armando Benedetti.
En esos actos se evidenció, como los asistentes portaban desde camisetas hasta pasacalles con publicidad “Petro Presidente 2022”, y durante el discurso el senador Petro acudió a hacer llamados a votar por un “Presidente Costeño” o a votar por sí mismo: “Si el pueblo barranquillero vota Petro, pero no vota por el Pacto Histórico, sino por el que da la teja y el cemento entonces los congresistas de la mafia que se volverá a la mayoría matarán a Petro”.
Así mismo, se analizaron varias denuncias de publicidad ubicada extemporáneamente en zonas aledañas a puestos de votación y zonas prohibidas como al frente de la sede de la Registraduría Municipal de Valledupar.
“Así las cosas, dichas publicaciones que se incorporan de oficio a esta actuación, serán consideradas como elementos suficientes para presumir que el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, desplegó presuntamente propaganda electoral fuera de los términos previstos en la normativa vigente electoral, ya que se configuraría como la invitación a cualquier persona con el propósito de influir en los resultados electorales mediante el convencimiento que se logre alcanzar a los electores”, se puede leer en las conclusiones del magistrado ponente.
En el documento también se puede destacar que recoge la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que el pasado 23 de agosto ratificó la competencia para investigar administrativamente al presidente de la República y a las campañas presidenciales. Incluso, frente a una solicitud hecha por una de las denunciantes en 2021 de retirarlo del cargo de senador e inhabilitarlo; en una resolución de 2022, el CNE rechazó por falta de competencia y declarar la carencia de objeto de la solicitud, respetando así el fuero del presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones.
“Es oportuno señalar que, la propaganda anticipada entraña un riesgo social, este consiste en las posibilidades de perjuicio que existan como consecuencia de su ejercicio, el cual puede terminar atentando contra algunos principios como el de igualdad o uso de espacios públicos”, se puede leer en otro de los puntos de la ponencia.
La ponencia también deja claro un punto que se contradice con la tesis del presidente Petro de que a través de una investigación administrativa se busca apartarlo del cargo: el tipo de sanción que podría incurrir el Presidente. En la página 45 del documento, queda claro que de prosperar esta investigación y ser eventualmente hallado responsable, el presidente Petro incurriría en una multa que oscila entre los “dieciocho millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos treinta y seis pesos ($18.497.636) moneda legal colombiana, y los ciento ochenta y cuatro millones novecientos setenta y seis mil trescientos setenta y cinco pesos ($184.976.375) moneda legal colombiana”.
El documento cierra no sólo pidiendo la apertura de investigación formal y la formulación de cargos, sino que también ordena el traslado de copia del expediente a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, con el fin de que se adelanten las actuaciones pertinentes respecto de la presunta vulneración del régimen de financiación de campañas.
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