La Procuraduría plantea dudas ante la Corte Constitucional sobre el nuevo Código Electoral, el cual redefine las normativas para los procesos electorales y actualmente se encuentra en revisión para verificar su conformidad con la legislación vigente.
El informe, revelado por un medio nacional, indica que la disposición en cuestión no considera las directrices establecidas por la sentencia de febrero de 2023, que confirmó las atribuciones sancionatorias de la Procuraduría hacia los funcionarios elegidos por votación popular, pero también instó a una revisión judicial de las medidas del ente.
«El Ministerio Público señala que algunas disposiciones específicas del apartado examinado no incorporan el precedente establecido en la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional con respecto a la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y, en particular, sus particularidades en el caso de funcionarios elegidos por voto popular», afirma el concepto.
La entidad expresa su preocupación porque, según el texto legal, el Consejo Nacional Electoral no podrá descalificar candidaturas debido a sanciones administrativas, lo que contradice las competencias de la Procuraduría, sin tener en cuenta el requisito de revisión judicial de las medidas de suspensión.
«Sin aclarar que estas sanciones también pueden ser válidamente impuestas por la Procuraduría General de la Nación, sin perjuicio de los requisitos de revisión judicial necesarios para su aplicación en el caso de funcionarios elegidos por votación popular», añade el documento.
Por lo tanto, la Procuraduría ha solicitado a los magistrados de la Sala Plena que condicionen la constitucionalidad de esta norma, considerando los efectos de la sentencia sobre las competencias del organismo de control.
«Tienen el alcance de limitar el ejercicio de los derechos políticos y, por lo tanto, son causales de revocatoria de candidatura, inhabilitación para ocupar cargos de elección popular y generan ausencias absolutas o temporales de los servidores públicos que deben ser cubiertas», concluye la procuradora general, Margarita Cabello.
Ahora, los magistrados del tribunal deberán analizar los argumentos presentados por la Procuraduría y las demás partes interesadas para determinar si el nuevo Código Electoral cumple con los requisitos legales para permanecer en vigor.
