Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas, inició una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones.
El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, dijo que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.
Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente en la que se argumenta lo que, dijo, es un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales.
“Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí”, señaló el abogado.
“Además, estamos contemplando llevar nuestras preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa sino también en el derecho fundamental a la salud”, dijo Riveros.
“Es una expropiación”
Riveros, dijo que el caso puede considerarse una expropiación indirecta, que tiene efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa.
Según el abogado, esta acción gubernamental podría ser vista como una parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder.
“Nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que, en una en el marco de una decisión arbitraria como ésta, termina teniendo el mismo efecto”, dijo.
La estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional, según dijo el abogado. Riveros mencionó que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje.
