La Procuraduría General de la Nación envió una serie de comentarios y observaciones al Ministerio del Interior, relacionados con la Política Pública Diálogo Social. En estos, destacó su preocupación frente a los reiterados incumplimientos de acuerdos y compromisos surgidos en diversos procesos de diálogo y concertación en Colombia. Indica que este patrón, identificado a lo largo del tiempo, ha contribuido al recrudecimiento de los conflictos sociales en el país, destacando la urgente necesidad de implementar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo pactado.
En el documento, se resalta la importancia de integrar en la Política Pública de Diálogo Social metodologías claras y precisas para el monitoreo de acuerdos, contemplando aspectos fundamentales como la descripción de actividades, cobertura geográfica, responsabilidades, tiempos, recursos necesarios, resultados esperados, impactos previstos, así como los riesgos y oportunidades asociados a estos procesos.
La entidad resaltó la necesidad de incorporar en la política pública una metodología que permita adelantar un análisis profundo frente a las causas estructurales de las demandas ciudadanas, facilitando así la construcción de consensos y la categorización de los conflictos sociales para su adecuado manejo y seguimiento. Además, se destacó la importancia de contar con información desagregada que permita identificar las zonas de mayor complejidad y conflictividad a nivel nacional y territorial.
Dentro de las observaciones, la Procuraduría destacó la importancia de una participación activa y coordinada de las autoridades territoriales, asociaciones o agremiaciones departamentales y municipales, Ministerio Público, inspecciones de policía y corregidores en la formulación e implementación de la política pública. Este enfoque territorial es crucial para enfrentar efectivamente los desafíos presentes en cada región del país.
Otro aspecto de especial atención que resaltó el organismo es la necesidad de considerar las posibles afectaciones a los derechos de terceros no participantes en movilizaciones sociales, así como la protección de los servicios públicos esenciales y la infraestructura estratégica crítica de la nación, indicando que es fundamental abordar estas preocupaciones dentro de la política pública, asegurando un enfoque de acción sin daño.
También se hace un llamado a la inclusión de mecanismos que aseguren el adecuado registro, seguimiento al nivel de avance de las acciones y respuesta institucional de las demandas ciudadanas, así como de los compromisos alcanzados en los procesos de diálogo social, resaltando que la transparencia y el acceso a la información pública son elementos clave para fortalecer la confianza en estos procesos.
Finalmente, la Procuraduría le recordó a Mininterior que, ha desplegado acompañamiento y seguimiento preventivo a dinámicas territoriales en materia de diálogo y gobernanza en el nivel nacional y territorial desde su estrategia denominada Diálogo para la Gobernanza Territorial, con diferentes entidades y organizaciones de la sociedad civil, orientada a formular alternativas para mitigar los fenómenos de violencia y conflictividad social y fortalecer las capacidades para el diálogo de instituciones y comunidades.
