Por: Ulahy Beltrán López
Colombia inició la presente semana con 2.652.947 casos confirmados de COVID-19 y 68.328 fallecidos a lo largo de la pandemia, además con cifras dramáticas de la última semana que indican que el número de fallecidos diarios creció en promedio de 205 a 331 fallecidos cada día, es decir 13 muertos cada hora o un fallecimiento cada 4 minutos. Así las cosas, este país vive una tercera arremetida de este virus que está activo, infectando, mutando y matando. En estos momentos no se vislumbra aún en el corto plazo la “cima del pico” de esta nueva arremetida que implicaría luego el descenso de estas cifras para darle la oportunidad a Colombia a que se rearme nuevamente para seguir enfrentando al invasor invisible en una guerra que ya superó el año de duración y que por ahora parece no acabarse.}
Si bien todas esas cifras y realidades ameritan análisis, consideraciones, cuestionamientos, unión de fuerzas, eventuales redireccionamientos estratégicos en esta guerra que ya cobra víctimas con parentesco de sangre o de cercanía afectiva o de simple conocimiento a casi que todas las familias de este país, de manera paralela ocurren hechos relacionados con la salud de los colombianos que no pueden pasar desapercibidas por la pandemia y que también se deben analizar, considerar, cuestionar y hasta denunciar por inconvenientes pues se relacionan con el derecho fundamental de la salud de todos y cada uno de quienes residen aquí.}
En ese orden de ideas, los colombianos deben conocer y estar atentos con lo que ocurre con este evento pandémico pues la misma vida está en juego, pero no puede “perdérsele la pista” a un pretendido proceso de otra nueva reforma que está en curso en el Congreso de la República y que completa el paquete legislativo que impulsa el gobierno con mensaje de urgencia además de la reforma tributaria, y esa es la nueva reforma a la salud en este país.}
Llama poderosamente la atención que más publicidad ha tenido el tema tributario que el de la salud, muy a pesar que las diferentes problemáticas del sistema colombiano han sido evidenciadas en nuevas y más grandes dimensiones precisamente con esta pandemia de COVID-19. Al respecto debe decirse que desde el ejecutivo se desea vender dicha reforma a la salud como el ajuste que requiere el sistema de salud colombiano para hacer realidad lo definido sobre este derecho fundamental en la ya muy mentada Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), que en el mes de febrero de 2021 ya cumplió seis años de sancionada pero que en algunos aspectos sigue aún sin estrenarse en la vida práctica de los colombianos.
Sin embargo, lo que tradicionalmente ha resultado imposible de lograr y es que los diferentes actores intervinientes en el sistema de salud se pusieran de acuerdo “en lo fundamental”, lo logró esta iniciativa de proyecto de ley para “garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud”, que es como se llama el Proyecto de Ley 10 de 2020 Senado – 425 de 2020 Cámara.
Debe decirse que ponerse de acuerdo “en lo fundamental” increíblemente lo logró el citado proyecto, no para que los actores que intervienen en el sistema lo apoyasen, sino justamente lo contrario: para cuestionarlo, criticarlo y manifestar su desacuerdo frente al mismo.}
Es así que los líderes de los gremios nacionales que agrupan a los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, a los aseguradores, como también los médicos, las asociaciones de profesionales de la salud, las sociedades científicas, además de las organizaciones sociales, las ligas de pacientes, las asociaciones de pacientes, los sindicatos del sector salud y también los de fuera de dicho sector, las centrales obreras, los analistas sectoriales y los generadores de opinión, han caracterizado al texto de este proyecto de reforma como “más de lo mismo”, “inoportuno”, “distractor”, “innecesario”, “inconveniente”, “viciado de trámite”, “inconstitucional”, “sin ninguna capacidad resolutiva para abordar y corregir los problemas estructurales del sistema”, “entuerto”, “generador de confusión” y hasta paradójicamente “incumplidor de la Ley Estatutaria de Salud” que justamente dice garantizar.
Dicha inconformidad de la casi totalidad de los actores del sector salud, incluyendo además la los pacientes y los usuarios de los servicios que en últimas son los que validan realmente este total desacuerdo con la pretendida reforma pues son quienes están padeciendo las consecuencias día a día de un sistema fallido, al igual que el talento humanizado en salud que de manera legítima desea salir de la precarización laboral en la que vive, se plasmó en una carta radicada la semana pasada al Congreso de la República y que fue firmada por un total de 230 organizaciones y 1060 personas. En el documento los firmantes expresaron su desacuerdo frente al texto y por eso solicitaron el archivo del Proyecto de Ley 10 de 2020 Senado – 425 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”.
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Esta solicitud de archivo al citado Proyecto, (ya en el 2020 se había hecho una inicial solicitud al respecto), se motiva en que, de acuerdo con los firmantes de la carta dirigida al legislativo, la iniciativa impulsada por el gobierno “no constituye una reforma estructural al sistema de salud, no resuelve los problemas develados por la pandemia del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad denominada COVID-19, ni lo relativo a la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, y porque en síntesis resulta ser inconveniente para los colombianos, además de ser inconstitucional.
Pareciera que el gobierno y parte del Congreso quisiera aprovechar que la pandemia y sus lamentables cifras tienen a muchos colombianos anestesiados en su capacidad de análisis y por ello tratan de adelantar de manera “express” dos reformas, la tributaria y la de salud, que en otro momento, con mayor capacidad de atención, revisión y seguimiento por parte de la ciudadanía, muy difícilmente pasarían en su tránsito en el legislativo para convertirse en Ley de la República, dadas las evidentes inconveniencias en ambas. Bueno, por lo menos es lo que dicen los actores del sector salud para la reforma correspondiente, y la ciudadanía en general, columnistas, líderes de partidos políticos y algunos congresistas con respecto a la tributaria. Sin embargo ya hay una colectividad civil muy fuerte que ha formalizado en el nivel correspondiente su inconformidad total frente a lo que se pretende hacer en el sector salud, solicitando como antes se consignó, el archivo inmediato de la citada iniciativa.
Al final hay que ver qué ocurre con este “movimiento reformista gubernamental y congresional”; mientras tanto, los colombianos deben seguir “pendientes de la pandemia pero también de las reformas que se tramitan en el Congreso”, sobre todo cuando una de ellas se refiere a un derecho fundamental como la salud y la vida misma.
D.A.
