Un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Medellín falló a favor de la sociedad Hidroituango SAS en el pleito con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por la contingencia de abril de 2018 en el proyecto hidroeléctrico.
Así las cosas, EPM fue condenada a pagar 781.828.888.350 pesos «por concepto de las Cláusulas Penales de Apremio por Incumplimiento de Hitos» y 2.547.521.599 «por concepto de costas del proceso, de acuerdo con la liquidación que obra en las consideraciones de este laudo».
Empresas Públicas de Medellín debe pagarle dinero a Hidroituango SAS, y 52 % de las acciones pertenecen a la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia.
La decisión del tribunal de arbitramiento representa un golpe para el exalcalde Daniel Quintero, según El Colombiano, pues fue él quien promovió la demanda contra los constructores de Hidroituango en agosto de 2020.
Quintero, cabe recordarlo, ordenó al entonces gerente de EPM entablar la demanda, lo que generó una fuerte molestia entre la junta directiva de la empresa, pues los miembros consideraron que el alcalde pasó por encima de ellos para tomar la decisión. Esto los llevó a renunciar.
En octubre de 2020, después de la renuncia de la junta directiva, la sociedad Hidroituango demandó a EPM «por los efectos colaterales que dejó la contingencia de Hidroituango», explica El Colombiano, y «desistió llegar a un acuerdo con EPM» para que fuera esta la que asumiera los costos de la contingencia.
Y en febrero de 2021 la sociedad interpuso una nueva demanda contra la empresa.
Tras la decisión del tribunal de arbitramiento, Quintero reaccionó culpando al actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria: «Aníbal Gaviria, desde la Gobernación, demandó a EPM por el cambio en los diseños de Hidroituango que se hicieron cuando Aníbal Gaviria era el Alcalde. Así de absurdo como suena. El hoy Gobernador buscó que condenaran a EPM por las decisiones que él tomó como Alcalde».
