La Corte Constitucional abrió un inició un incidente desacato contra varios ministros y directivos del Gobierno Nacional, por la crisis social y económica que se presenta en el departamento de La Guajira.
La medida se adoptó contra cuatro ministros, cinco funcionarios del Gobierno, la gobernadora de esa región del país y varios alcaldes del departamento.
La decisión fue emitida al argumentar la vulneración generalizada de los derechos de la niñez wayúu, principalmente en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La Sala de Seguimiento de ese tribunal advirtió que las autoridades tienen tres días para presentar pruebas y, en caso de reportarse nuevas acciones y resultados para el cumplimiento de la orden, los mismos deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos para esa población.
Los funcionarios afectados con esta medida son la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova; además de los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Vivienda, Catalina Velasco; de Ambiente, María Susana Muhamad González y de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez.
De la misma forma, fueron requeridos la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas.
La medida también cobija al superintendente de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del departamento de La Guajira, Diala Wilches y los alcaldes Mohamad Jaafar Dasuki Hajj (Maica), Elven Manuel Meza Barros (Manaure), José Ramiro Bermúdez Cotes (Riohacha) y Bonifacio Henríquez Palmar (Uribia).
